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Mar,28 junio, 2022
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Exigen a Fiscalía no archive casos por muertes en minería ilegal


ONG que apoya a la defensa de las víctimas y deudos reclaman celeridad en la investigación al fiscal adjunto de Huamachuco que pretendería archivar el caso por la muerte de cuatro mineros al interior de un socavón ilegal. Familia exige justicia.

Se van a cumplir seis meses y hasta ahora la justicia es esquiva para los deudos de los cuatro mineros que perdieron la vida al interior de un socavón ilegal en el cerro El Toro, en la provincia de Sánchez Carrión. La pesadilla de que las muertes de sus seres queridos queden en la más absoluta impunidad, como suele ocurrir en esta zona, los atormenta.
La tragedia ocurrió el jueves 6 de mayo en la labor Minerals Doña Julia, de propiedad de Jorge Espejo Moreno. Y por este lamentable acontecimiento, es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo en agravio de los hermanos Alejandro Paulino Valderrama Altamirano, Esteban Hipólito Valderrama Altamirano, Ricardo Valderrama Altamirano y Merardo Fernández Acebedo.
Sin embargo, cada vez el anhelo de justicia se va alejando para los deudos ante la ineficiencia y lentitud de la Fiscalía de Huamachuco que pretendería archivar el caso. Al respecto, el abogado de las víctimas, apoyado por una ONG dedicada a los derechos humanos, ha solicitado al fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión, Ronald Urrutia Castillo, el impulso de la investigación y ha adjuntado los documentos que comprobarían fehacientemente el deceso de las cuatro personas en el socavón ilegal de Minerals Doña Julia.
“La investigación demasiado pasiva y que no cumple los roles establecidos para una de carácter fiscal, a tal punto que para el fiscal adjunto Urrutia Castillo no hay muertos. En esta zona la excusa es que “no hay cuerpo, no hay delito” y así las muertes quedan en la impunidad. Pero en este caso los deudos si están denunciando y adjuntando las pruebas de las muertes”, sostuvo un representante de la ONG.
Ante esta situación, se le hizo llegar el acta con fecha 7 de mayo del presente año redactada por efectivos de la Policía Nacional que llegaron hasta el centro poblado de Lluchubamba en Cajabamba (Cajamarca). Allí, según el acta policial, Augusta Altamirano Otiniano reveló que tres cuerpos sin vida fueron ingresados a su casa y que eran de sus tres hijos Ricardo, Esteban Hipólito y Alejandro Paulino Altamirano Valderrama. Habían sido trasladados desde la ciudad de Huamachuco tras encontrar la muerte en el socavón ilegal.
Estos hechos fueron informados ese mismo día al fiscal adjunto Urrutia Castillo quien dijo “tener conocimiento de los hechos ocurridos anteriormente y que ya existen diligencias de acuerdo a ley en la ciudad de Huamachuco y que dichos occisos tenían que ser trasladados a la ciudad de Huamachuco para la necropsia de ley”. Pero hasta el momento no se realizan estas diligencias.
El abogado y los deudos también han alcanzado el certificado N.° 0004606, del 28 de octubre, emitido por la Subgerencia de Registros Civiles de la Municipalidad Distrital de Sitacocha (Cajamarca) donde se registra el deceso de Esteban Hipólito Valderrama Altamirano. También las fotografías de tres tumbas que llevan los nombres de las víctimas.
Es común en esta zona que los mineros ilegales sueltan fuertes sumas de dinero a los deudos para que entierren o desaparezcan el cadáver y no haya denuncia. Esto habría ocurrido con las víctimas. Sus cadáveres fueron sacados del socavón ilegal de Jorge Espejo Moreno durante la madrugada y llevados a Cajabamba. Las tumbas están en el cementerio de Lluchubamba. Señas suficientes para que el fiscal adjunto Urrutia Castillo haga la constatación y tenga las pruebas necesarias para su investigación.
Es increíble que en Huamachuco los familiares de los agraviados tengan que hacer el trabajo de investigación y perseguir el delito que, por mandato constitucional, le corresponde a la fiscalía. El deficiente trabajo del Ministerio Público en esta zona del ande ha dejado en la impunidad más de 100 muertes que se han registrado a causa de esta actividad ilícita en los últimos años.

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