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Mar,28 junio, 2022
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Urge interdicción en el cerro El Toro ante peligro de colapso de viviendas


Consejero Greco Quiroz señala que las detonaciones de dinamita realizadas por los mineros ilegales de la zona son las causantes no solo de las rajaduras, sino de los hundimientos de superficie.

Huamachuco. El  consejero regional Greco Quiroz, declaró que es “urgente la interdicción en el cerro El Toro”  por la afectación a la vida y salud de las personas, de caseríos cercanos como El Toro, Coigobamba y Shiracmaca por los graves daños al medioambiente, por las explosiones de dinamita de mineros ilegales que a diario abren socavones en busca de oro a pocos metros de la población de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión.
Esas voladuras subterráneas ocasionan rajaduras en las paredes y el hundimiento de la superficie como han denunciado varios pobladores. Recientemente la Defensoría del Pueblo también advirtió el riesgo de colapso de las viviendas de la zona   que presentan fisuras y grietas exponiendo a los pobladores a una vulnerabilidad muy alta.
Sin embargo, en el informe presentado por la Defensoría no se precisaría que esas voladuras son las que realizan los mineros ilegales de El Toro en el laberinto de socavones que se ubican bajo las casas de la población que le alcanzó sus quejas. En noviembre del año pasado, los primos de 11 y 12 años Julián y Yolvin murieron por manipular una dinamita de la minería ilegal sus cuerpecitos destrozados por la explosión, ellos siguen esperando justicia.
Por todas estas razones, Quiroz presentó un informe al Dr. Alberto Rojas, Director General de la Oficina de Formalización Minera; a la Dra. Martha Rico, Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de la Minería Ilegal; y al Dr. Vladimir Bustinza en su calidad de Coordinador de Articulación Regional de la Dirección General de Fiscalización Minera.
“Lamentablemente no se informa correctamente a la población. La actividad minera ilegal, a diferencia de la formal, no está controlada, ni auditada por el Estado Peruano. Y aprovechándose del desconocimiento o desorientación de algunos funcionarios, los mineros ilegales manipulan además a las personas que trabajan con ellos para sus campañas de desinformación. Por eso es necesario entregar documentos a las autoridades idóneas para que estas tomen cartas en el asunto”.
El jefe de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero Lovatón,  argumentó haber recibido quejas de la población debido a que sus viviendas presentaban daños en su estructura, según manifestaron, por las actividades de voladuras mineras que se ejecutan en el lugar, sin precisar los graves estragos que vienen causando los mineros ilegales.
Los pobladores cuestionaron la falta de apoyo del titular de la defensoría, cuya actitud habría sido muy diferente a la mostrada en noviembre pasado, cuando los deudos que perdieron familiares en los socavones ilegales de la misma zona reclamaban desde Huamachuco.
La consejera de Sánchez Carrión Jennifer Catalán – a quien la empresa minera Summa Gold Corporation le ha solicitado una indemnización de 5 millones de soles por mellar su reputación, imagen institucional y buenas prácticas empresariales a lo largo de los últimos meses, a través de sus declaraciones en diversos medios de comunicación locales y regionales – ha dicho que el informe de Defensa Civil refuerza lo que presentó ante diferentes instancias regionales y nacionales.

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